Plaza Palacio

Fase de solicitud

El tema desarrollado en este asunto, versa sobre la concesión de una licencia de obra para la construcción de un garaje. Derivado de la proximidad a una construcción de la Edad Media interviene en la tramitación la Administración Regional. Por razones de intimidad personal consideramos que no procede hacer público el contenido de la totalidad del proyecto además de considerarlo irrelevante para que quienes se interesen por este tema puedan sacar una conclusión sobre la correcta participación de la Administración Regional y los términos de la misma. Bastará con dejar constancia del objeto del mismo para contrastar la pretensión del interesado con lo que se autoriza por parte de la Administración Regional.

La tramitación de la solicitud se desarrolla en los siguientes términos.

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Vistos estos documentos, de lo primero que hay que dejar constancia es de que la competencia en materia de concesión de licencias de obras es municipal, corresponde al Ayuntamiento de la capital o municipio su otorgamiento.

La participación o intervención de la Delegación de Cultura en este tipo de autorizaciones obedece básicamente a dos supuestos, que la obra se realice en algún elemento de Patrimonio Histórico o, de no existir este elemento, que una norma legal le habilite. En este caso tal habilitación se realiza mediante una figura de protección Entorno de Bien de Interés Cultural regulado en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y el Real decreto 111/86 que la desarrolla de manera parcial.

Del contenido de estos documentos cabe destacar en primer lugar las manifestaciones que el Arquitecto municipal recoge en su informe así como la calificación del elemento de patrimonio y su situación jurídica, en contraposición a las que implican la calificación de los Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma. Obsérvese por otra parte la ausencia de referencias a los preceptos legales que sustentan y justifican tanto esa calificación y situación jurídica como el procedimiento que se sigue. Referencias a fundamentos de Derecho que garantizan el sometimiento de los Poderes Públicos al Derecho al margen de la aplicación de cualquier criterio subjetivo del personal que interviene.

La conclusión a la vista de la confrontación de esas realidades formales es que sólo cabe que una de las apreciaciones técnicas sea cierta.

Así las cosas; la realidad de la existencia de esa figura de protección en el municipio donde se desarrollan los acontecimientos queda plasmada en los siguientes documentos.

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En primer lugar se pone de manifiesto que la localidad sólo cuenta con un elemento de patrimonio susceptible de poderle establecer la figura de protección que da soporte jurídico a la actuación de la Administración Regional (primer documento).

En segundo lugar lo que se pone de manifiesto es uno de los clásicos que recoge esta web respecto de la actuación de la Administración, la limitación del ejercicio de la información. Se niega al ciudadano el acceso a aquellos datos que ponen en evidencia o de manifiesto las irregularidades que cometen los Empleados Públicos en sus actuaciones y se requiere de la participación de otro órgano administrativo mediador, la Inspección General de Servicios. ¿Qué se trata de ocultar negando el ejercicio de este derecho?, sin duda y como recoge el punto tres del último documento la inexistencia de Entornos de Bien de Interés Cultural en la localidad en cuestión, aquello que fuera el presupuesto habilitante para la participación de la Comunidad Autónoma en la concesión de una licencia de obra, no existe.

Obsérvese en el punto tres al que hace referencia el párrafo anterior como la Delegada de Cultura hace uso de otra práctica muy habitual en las actuaciones administrativas, la instrumentalización del lenguaje. Como ya se ha visto y se verá en futuros documentos, la determinación del Entorno de Bien de Interés Cultural requiere, entre otras cosas, un procedimiento púbico y formal, quedar recogido en una norma y plasmado en un plano, su existencia trasciende incluso de una definición expresa, va más allá de ser claro, patente y especificado.

No podemos pasar por alto lo que es un tercer aspecto de este asunto, la calificación del inmueble al que se le atribuye la protección. Nada intrascendente si tenemos en cuenta que de estar ante un torreón, como lo califica el Arquitecto municipal, carecería incluso de la protección de Bien de Interés Cultural que le atribuyen las autoridades autonómicas y requeriría una protección específica previa para establecer su entorno de protección. Qué es, o qué características ha de tener una construcción para ser calificada de Castillo, que definición ofrece el ordenamiento jurídico al respecto o en su defecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se torna fundamental para confirmar la calificación y la argumentación de los empleados públicos regionales, para confirmar que es cierto que nos encontramos ante un Castillo y no se sobrevalora el patrimonio cultural para dotarlo de una sobreprotección.

Otro aspecto a considerar; es que a la llegada del asunto que aquí se desarrolla (punto 4), nunca antes una licencia de obras del municipio donde se desarrollan los acontecimientos había pasado por la Administración Regional tratando de manera diferente este proyecto (artículo 14 de la Constitución Española -CE-). El expediente de obras de pavimentación en la C/ Arrabal de la Gotera pretendía el derribo de una parte de muralla o torreón, como en el documento siguiente queda de manifiesto.

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Plaza Palacio Fichero 3 Hoja 1
     

 

Otra práctica bastante común en las actuaciones de la Administración, destacar como se interpreta aquello que mejor se acomoda a la resolución de la Administración. Observar como la pretensión del interesado, construir un garaje de nueva planta derribando y al margen de la construcción que existe, se deriva a una ampliación que implicaría conservar, al menos en parte, la vieja edificación. Podrá ser viable o no el proyecto planteado pero en ningún caso los empleados púbicos tienen potestad para decir a los ciudadanos que tienen que hacer. La Administración da cosa distinta a la que se pide, no es congruente con la petición que se formula.

Con independencia de las conclusiones que cada uno pueda extraer de la lectura de este documento, parece claro que los señores Miguel Ángel García Valero, Fernando Álvarez Moro y Rodolfo Picazo Pérez no tienen ningún problema en elaborar, y Riansares Serrano Morales en consentir (artículo 23.1 e) de la Ley 30/92), un informe que no se ajusta a la realidad material y formal requerida en estos casos (no es el primer caso que esta página denuncia) por dos motivos, porque la propia Administración Regional reconoce la inexistencia de un Entorno de Bien de Interés Cultural y porque su existencia requiere de un procedimiento formal que nunca se ha producido. Una actuación que burla el artículo 33 de la CE.

La realidad material y formal sobre el Castillo y la muralla de Escamilla queda reflejada por un técnico de la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía de Guadalajara en una actuación recogida en otro expediente diferente. Los párrafos 2, 3 y 4 de la página 2 del documento siguiente, de fecha 17 de diciembre de 2009 emitido por Mª Soledad Herrero Sainz-Rozas, dejan cumplida constancia de la verdadera realidad de la actuación de los Poderes Públicos que intervienen en este asunto. Es el libro de un historiador la única documentación bibliográfica existente en esta materia.

Para terminar, extraído de otro asunto (primera y última páginas del escrito), se dirige a la Inspección General de Servicios, pregunta 8ª, interés por conocer la definición legal de Castillo y las características que han de requerir estos elementos para tal reconocimiento; la respuesta de la inspectora general Elvira Sánchez-Garrido Gamarra no puede ser menos esclarecedora y más desalentadora. Esperamos, sin mucho tardar, poder mostrar en esta web lo que puede ser una de las razones por las cuales la Administración no tiene problemas en que sus asuntos terminen en la vía judicial.

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