Decreto 73/2012 de creación del Parque de Servicios Generales de Castilla La Mancha

Nos adentramos ya en los primeros pasos del Gobierno de Cospedal en el entorno más cercano al colectivo de conductores, la primera actuación a su llegada a la JCCM y antesala del Plan de RRHH.

Como cuestión previa hemos de poner de manifiesto que la actuación de la Administración, sobre todo en su dimensión económica, se rige por una serie de principios recogidos en normas que deberían ser un límite infranqueable a cualquier actuación derivado de ese cumplimiento de la Ley al que se debe. Básicamente en la práctica totalidad de las Leyes de Hacienda y de Presupuestos, estatales y autonómicas, se recogen como principios de gestión administrativa los "principio de eficiencia y economía" que económicamente no es otra cosa que conseguir los objetivos al menor coste posible. Como no debería ser de otra manera en la gestión de los bienes públicos, para evitar costes innecesarios y en consecuencia perjuicios al bolsillo del ciudadano, estos principios debidamente aplicados y fiscalizados van a diseñar una administración única con independencia de la ideología que ocupen los Órganos de Gobierno y van a dejar un mínimo margen de modificación a cualquier intento de cambio en las estructuras de la Administración. Plantear tal modificación lleva consigo reconocer una gestión inadecuada mayor cuanto mayor es la modificación, poniendo en evidencia no sólo al Órgano que toma la decisión sino también a aquellos encargados de controlar que estos principios se cumplen.

Así las cosas; son las propias Leyes de Hacienda, en Castilla la Mancha en los artículos 14 y 92, las que atribuyen a las diferentes Intervenciones Generales la obligación de control interno, de fiscalizar este tipo de actuaciones. Determinar si una entidad está adquiriendo, manteniendo y empleando recursos humanos y materiales de forma económica y eficiente, no queda en manos de los políticos de turno y el personal de su confianza. Determinar las causas de esa ineficiencia, si las hubiera, y el cumplimiento de las normas sobre economía y eficiencia; analizar si se están adquiriendo la cantidad de recursos del tipo y cantidad apropiados y al coste adecuado, si se están protegiendo y manteniendo adecuadamente los recursos, si existe sobredimensionamiento de la plantilla, si existe un sistema adecuado de control de la gestión y se han establecido indicadores válidos y fiables de economía y eficiencia, etc. es algo que debe quedar al margen de quienes tienen más intereses que la defensa de los intereses de la sociedad.

Del mismo modo; tampoco queda en sus manos el determinar en qué medida se alcanzan los resultados u objetivos establecidos, la eficacia de las organizaciones, programas y actividades y el cumplimiento de la normativa. Analizar si los objetivos establecidos son adecuados, posibles y útiles, identificar los factores que están impidiendo un rendimiento satisfactorio y si se han establecido indicadores válidos y fiables de la eficacia de la actividad programada no dejan de ser controles a su propia actuación de los que en pocas ocasiones tenemos noticias.

Ya en materia; la creación de este Decreto pretende sustituir el denominado modelo de Gestión Departamental por Consejerías que no es otra cosa que dotar a cada Órgano administrativo de los medios necesarios, en este caso y simplificando vehículos y conductores, para realizar de forma autónoma las actividades que necesiten de los mismos, por un modelo de Gestión Integral, un Parque Móvil centralizado, del conjunto de los vehículos que consiste en facilitar esos medio desde una Unidad administrativa ajena a quien los necesita. Se presenta como novedad lo que en realidad es una forma de gestionar que se utiliza en algunas Comunidades Autónomas y el Estado Central, un modelo que fue utilizado por el Régimen al que sustituyó nuestra actual Democracia.

Se renuncia, como en alguno de los escritos de este asunto se recoge, a un control inmediato y directo sobre los Responsables de nuestra administración y sobre su correcto dimensionamiento. Tanto la ociosidad como la falta de conductores y vehículos son fruto de una incorrecta planificación de los Órganos y en consecuencia de las deficiencias en su gestión que está sometida a los mismos principios, entre ellos el de eficiencia y economía, que con esta norma se pretenden establecer.

No nos parece sencillo concretar mejoras económicas sin previamente haber realizado los controles apuntados y conocer el coste real de una determinada actividad, por mucho que la actuación administrativa tenga presunción de veracidad. Sin necesidad de una imposición formal, esta forma de actuar entra dentro de la lógica más elemental y aplastante en relación con la gestión de cualquier organización. Sin duda podemos decir que no es la razón, o mejor el método científico, el compañero de viaje de los legisladores autonómicos.

Necesario o no el Decreto 73/2012; lo primero que descubrimos es que no hay, lo que será una constante en este asunto, ningún tipo de estudio que ponga en evidencia el incorrecto funcionamiento y la posibilidad de mejora de la prestación de los servicios a la llegada del gobierno de Cospedal a la JCCM. Si esto nos parece grave, tremendo consideramos que ninguno de los informes que aparecen en este expediente reclame su falta y al contrario, que obvien la dimensión económica de esta medida. Difícil e impropio de una buena gestión organizativa es tratar de mejorar algo sin conocer cómo funciona y concretar sus deficiencias así como concretar los objetivos que se persiguen y los plazos.

No podemos olvidar el "martilleo" que desde las estructuras del Partido Político que crea este Decreto se ha estado realizando sobre el "despilfarro" de Gobiernos anteriores. No vemos que los métodos incorporados por el nuevo ejecutivo sean una solución a la hora, ni siquiera, de concretar el gasto o ese despilfarro.

Sin más procedemos a adentrarnos en los documentos del expediente y a realizar el correspondiente comentario allí donde consideremos que algo es relevante.

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Decreto73

La primera consideración; aunque el expediente recoge un índice de documentos a efectos de certificar su pertenencia al expediente como consecuencia del requerimiento judicial, observamos la ausencia de un documento que relacione por orden cronológico la incorporación de documentos al expediente, una síntesis de las actuaciones llevadas a cabo y plasmadas documentalmente. No es una exigencia formal expresa pero de manera indirecta necesaria si se quiere garantizar la obligación de transparencia formalmente exigida a nuestros Poderes Públicos. Una mínima garantía de que los expedientes administrativos no son alterados con posterioridad en beneficio de quien los genera.